Gracias a los esfuerzos de la sociedad civil se ha avanzado hacia la igualdad LGBTI. Las recientes leyes que constituyen el matrimonio entre personas del mismo sexo demuestran cuánto puede alcanzarse mediante una labor de campaña y sensibilidad persistente.
Cada generación está abocada a una lucha emblemática por la igualdad. En la nuestra, ese lugar lo ocupa la lucha por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
La intensa batalla por los derechos humanos de las personas que integran el amplio y diverso colectivo LGBT+ ha sido una de las luchas sociales más visibles y reconocidas a nivel mundial. Los avances en materia de no discriminación por orientación sexual, respeto a la integridad física y mental, otorgamiento de derechos sexuales y civiles, despenalización de la homosexualidad y el reconocimiento de la diversidad sexo-genérica, son notables en tanto plasmados e impulsados en diversas declaraciones y resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente en su Consejo de Derechos Humanos, así como por su codificación en los textos constitucionales de algunos países.
A pesar de las evidentes conquistas sociales y políticas de la comunidad LGBT+, la lucha sigue. Diversas organizaciones así lo han reconocido al advertir que alrededor de 70 países aún consideran ilegal la homosexualidad, 8 de los cuales, castigan con pena de muerte actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo por ser “inmorales.” El año 2019 registró retrocesos alarmantes en términos de derechos y libertades, un total de 8 países promulgaron leyes o presentaron proyectos de ley que criminalizan a personas LGBT+, mientras que en varios lugares han surgido grupos radicales y abiertamente homófobos que incitan al odio y a la discriminación, incluso en aquellos países donde se garantiza plenamente la protección de los miembros del colectivo. A ello se suman los efectos desastrosos en la salud mental de millones de jóvenes alrededor del mundo que siguen enfrentando ambientes hostiles en sus propias familias, escuelas y demás espacios cotidianos.
Pese a que hemos avanzado mucho, aún las marchas del orgullo están amenazadas, y el solo hecho de organizarlas puede suponer violencia, discriminación e incluso consecuencias penales para los/las activistas LGBTI. En países como Moldavia o Georgia, las primeras marchas se han celebrado hace pocos años, con poca participación y entre fuertes medidas de seguridad.
Países como Turquía, Ucrania, Rusia, Uganda o Líbano prohíben sistemáticamente la celebración de actividades y marchas con temática LGBTI, en ocasiones bajo el pretexto de no poder garantizar la seguridad de los participantes. En otras ocasiones las marchas se permiten pero en lugares poco visibles y alejados del centro de las ciudades.
Las marchas del Orgullo tienen una relación directa con los derechos humanos. Stonewall fue el inicio de un camino por la lucha de los derechos humanos que los y las activistas comenzaron hace 52 años, gran parte del mismo ha sido realizado sin grandes apoyos por parte de la sociedad ni por parte de los Estados que deberían proteger sus derechos. Por ello es necesario más que nunca reivindicar la historia de lo que sucedió en 1969 y celebrar cada marcha del Orgullo y participar como lo que es, una victoria de los derechos humanos frente a la violencia y la discriminación.
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