Desigualdad financiera

Cuando se tienen deudas y los acreedores las exigen por la vía judicial, el juez puede decretar el embargo del salario para satisfacer los pagos. Luego está también la Administración que puede embargar sin mediar juicio para cobrarse multas, impuestos o cualquier otro adeudo. Es más, la Administración puede embargar además el salario del conyuge si hay régimen de gananciales.
El embargo se aplica sobre el salario neto mensual y sobre las pagas extraordinarias; puede haber una rebaja de entre un 10 y un 15% en atención a las cargas familiares, pero aplicar esta posibilidad queda a criterio del secretario del juzgado, ya que está muy vagamente establecida por la ley.
¿Pero qué sucede con nuestro derecho a la igualdad? ¿Por qué una empresa tiene mayores facilidades para no pagarnos cuando somos nosotros los acreedores?
Antes de la reforma laboral del partido popular, si un empresario quería reducir el salario de un trabajador tenía que hacer una reducción proporcional de la jornada. Ahora, sin embargo, es posible reducir únicamente el salario, siempre que la empresa atraviese una situación económica adversa.
Para acreditarla, basta con tener pérdidas previstas de ingresos de tres meses consecutivos, aunque se sigan teniendo beneficios.
Si algo hay que anotar en el haber político del presidente Sánchez es, sin lugar a dudas, el esmero y el esfuerzo que pone en posar para las redes sociales, y también cómo no, la saludable respuesta humanitaria al problema de salvamento de personas en aguas del Mediterráneo.Pero, una vez hecho esto, no parece que Sánchez esté en condiciones de abordar de manera decidida las múltiples contrariedades que se acumulan en nuestro país, tanto las derivadas de esta insostenible situación económica y social, como las de las exigencias de autodeterminación del pueblo catalán. Si este Gobierno no pone un verdadero interés en acabar con este delicado y espinoso asunto de la desigualdad y la exclusión social, el esfuerzo de todos por sacar del Ejecutivo al corrupto y conservador partido popular, no habrá servido de nada. Y España seguirá inmersa en la pobreza a la cola de la Unión Europea en derechos y bienestar.

España: Nación de Naciones

Como si de un eco machacón se tratara no dejamos de oir hablar de la ruptura de la soberanía nacional cada día a los imperialistas, corporativistas y neomercantilistas de Cs. Todo ello como reacción a la propuesta del referéndum en Cataluña y en la misma enunciación de la concepción plurinacional del Estado.
No se cansa Rivera de avisar al Presidente Sánchez del peligro de cualquier alianza con los independentistas, las izquierdas o los antisistema, ya que defienden, según este agorero, un concepto disgregador de España como nación de naciones. Un pluralismo cultural que este grupo cuasi fascista no reconoce.
La ignorancia descollante de Rivera sobre lo que dice indica un serio problema de democracia y un alejamiento insalvable del necesario debate. El concepto de nación de naciones es uno de los que instauró el debate constitucional y no una fractura maliciosa de la sociedad civil. La existencia de España como nación no excluye la existencia de naciones en su interior. Es aquí donde precisamente se operan principios que harían dar alaridos de horror a este aprendiz de Adolf Hitler o sosia de Macron. España, le guste a este energúmeno o no, es un Estado plurinacional y por lo tanto estas nacionalidades que integran nuestro país tienen una soberanía originaria y, en la cesión de parte de su soberanía se define la soberanía del Estado.
Es un problema esta ignorancia sobre los propios orígenes de la soberanía, es una carencia de todo criterio democrático. Hay que reconocer la realidad plurinacional,  lo cierto es que esta vivirá en permanente tensión con el intento de construir el Estado a partir de los preceptos del Estado nación del XIX que defiende Cs, subordinando las realidades nacionales a una única nación de referencia. Tensión que tendrá como relato las sucesivas fases de descentralización y recentralización competencial como forma natural de sublimar un problema de fondo no resuelto y necesario de zanjar. Este problema no hace sino acentuar la crisis democrática y de soberanías que venimos padeciendo.
La imposición de políticas de recortes opera desde la troika hacia los Estados y desde el Estado Central hacia las comunidades autónomas. Este es un proceso que cumple una doble función: colmar las pulsiones centralistas y asegurar que los recortes se hagan sobre los derechos sociales garantizados por las comunidades autónomas.

La imposición de un rey

Al día siguiente de la muerte de Franco el propio Don Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, reafirmó su posición de no reconocer al Rey de Franco -su mismo hijo-.Queda así al descubierto que este rey no es legítimo; está impuesto por un dictador, esto es algo anacrónico y resulta totalmente inadmisible.
Lo que España necesitaba tras la muerte del caudillo era una reconciliación real, sin postureos, legítima y verdadera entre vencedores y vencidos en la guerra civil y, sobre todo, una reintegración urgente de España al mundo de las democracias.
Si para el Conde de Barcelona era inaceptable que su hijo se convirtiese en el sucesor de Franco, para el resto del país, sin embargo, muy amedrentado y aún metido en su cascarón protector contra el miedo, la consolidación de la política puesta en marcha por la voluntad del dictador parecía la solución menos mala.
El 14 de junio de 1975 en un acto más, tal vez ya el último antes de rendirse, Don Juan reafirmó la inutilidad de los planes sucesorios del régimen franquista y propugnando otra vez a la monarquía como una solución meramente arbitral, siempre y cuando los españoles la aceptaran libremente, propulsar el restablecimiento de todas las libertades democráticas.
Hoy tenemos, porque viene de una imposición obligada, una monarquía franquista. Se hizo mal desde el principio, tal vez porque el pueblo no tenía experiencia democrática y sí mucho temor o quizá porque la última represión del período dictatorial se identificó con saña con los peores tiempos del poder absoluto y represivo. El caso es que la realización más que necesaria de una consulta popular sobre si Juan Carlos debería retirarse del poder dejando paso a un gobierno provisional nunca se llevó a cabo.
La herida que España mantenía abierta y que no se supo suturar para orientar su vida política en aquella difícil situación quedó enquistada para siempre aquel 22 de noviembre de 1975 cuando Juan Carlos juró las leyes impuestas por el dictador para que España no fuera nunca una democracia; una aceptación del legado franquista. La prolongación de la dictadura. Y, de aquellos polvos, estos lodos.