Lo que España necesitaba tras la muerte del caudillo era una reconciliación real, sin postureos, legítima y verdadera entre vencedores y vencidos en la guerra civil y, sobre todo, una reintegración urgente de España al mundo de las democracias.
Si para el Conde de Barcelona era inaceptable que su hijo se convirtiese en el sucesor de Franco, para el resto del país, sin embargo, muy amedrentado y aún metido en su cascarón protector contra el miedo, la consolidación de la política puesta en marcha por la voluntad del dictador parecía la solución menos mala.
El 14 de junio de 1975 en un acto más, tal vez ya el último antes de rendirse, Don Juan reafirmó la inutilidad de los planes sucesorios del régimen franquista y propugnando otra vez a la monarquía como una solución meramente arbitral, siempre y cuando los españoles la aceptaran libremente, propulsar el restablecimiento de todas las libertades democráticas.
Hoy tenemos, porque viene de una imposición obligada, una monarquía franquista. Se hizo mal desde el principio, tal vez porque el pueblo no tenía experiencia democrática y sí mucho temor o quizá porque la última represión del período dictatorial se identificó con saña con los peores tiempos del poder absoluto y represivo. El caso es que la realización más que necesaria de una consulta popular sobre si Juan Carlos debería retirarse del poder dejando paso a un gobierno provisional nunca se llevó a cabo.
La herida que España mantenía abierta y que no se supo suturar para orientar su vida política en aquella difícil situación quedó enquistada para siempre aquel 22 de noviembre de 1975 cuando Juan Carlos juró las leyes impuestas por el dictador para que España no fuera nunca una democracia; una aceptación del legado franquista. La prolongación de la dictadura. Y, de aquellos polvos, estos lodos.
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